Roncaglia contraataca: Ofensiva legal contra medios y narcos por «operación de prensa» - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
El escenario político y judicial de Entre Ríos se sacudió este martes tras la contundente respuesta del Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. A través del envío de seis cartas documento, el funcionario inició una contraofensiva legal fr
El escenario político y judicial de Entre Ríos se sacudió este martes tras la contundente respuesta del Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. A través del envío de seis cartas documento, el funcionario inició una contraofensiva legal frente a lo que califica como una campaña de desinformación destinada a vincularlo -junto al gobernador Rogelio Frigerio- con estructuras del narcotráfico.
La medida apunta directamente al conductor Tomás Méndez y a las señales Canal 9 y Crónica TV, pero también a figuras centrales del hampa local como Daniel «Tavi» Celis y la exfuncionaria Griselda Bordeira.
El origen del conflicto: Los «chats» de la cárcel
La controversia estalló tras informes televisivos titulados «Escándalo en Entre Ríos: denuncian al ministro de seguridad y al gobernador por vínculos narcos». Dichas piezas periodísticas se sustentan en presuntos mensajes de texto y audios atribuidos a Daniel «Tavi» Celis -quien cumple condena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná- dirigidos a Griselda Bordeira.
En ese intercambio, se mencionan acusaciones de extrema gravedad:
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La existencia de «puertos y rutas liberadas» para el tráfico de cocaína hacia Europa.
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Presuntos beneficios carcelarios otorgados de forma ilegal.
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Una supuesta comunicación directa entre el ministro y el líder narco.
Sin embargo, desde la cartera de Seguridad aclararon que no existe ninguna denuncia formal en trámite, sino que se trata de una narrativa construida sobre capturas de pantalla de dudosa procedencia.
Intimación a los medios: «Desprecio temerario por la verdad»
Las cartas documento enviadas al Grupo Olmos (Crónica TV), Grupo Telearte S.A. (Canal 9) y a Tomás Méndez exigen el cese inmediato de la difusión, la rectificación pública en un plazo de 24 horas y el retiro de todo material digital.
«El derecho a la libertad de expresión no es absoluto ni otorga una libertad ilimitada para proferir acusaciones criminales falsas sin el más mínimo rigor periodístico», sostiene el escrito de Roncaglia.
Para el ministro, Méndez incurrió en calumnias e injurias, actuando con un «intento de entorpecimiento de la investigación penal», al desestimar públicamente el plan para asesinar a tres funcionarios (Roncaglia, el juez Leandro Ríos y el fiscal José Candioti) que se le atribuye al detenido Leonardo Airaldi.
La presión sobre Celis y Bordeira
La estrategia legal también busca desarmar el entramado de la filtración. A Daniel Celis, Roncaglia lo intima a:
Ratificar o rectificar si los mensajes bajo el seudónimo «Germán Pérez» son de su autoría.
Aportar pruebas materiales ante la Justicia en caso de sostener sus dichos.
Aclarar si entregó el material voluntariamente o si fue filtrado ilegalmente.
Por su parte, Griselda Bordeira recibió dos cartas documento bajo apercibimiento de ser denunciada por falsa denuncia. Se le exige que confirme la veracidad de las conversaciones y que explique cómo llegaron a manos de la prensa porteña.
Un trasfondo de viejas deudas judiciales
La tensión actual no es casual. Roncaglia era el jefe de la Policía Federal Argentina y Frigerio el Ministro del Interior cuando se desmanteló la banda de Celis en las causas «Narcoavioneta» y «Narcomunicipio». Aquella investigación histórica terminó con la condena de Celis, del exintendente de Paraná Sergio Varisco y de la propia Bordeira, por el desvío de fondos públicos para financiar el tráfico de estupefacientes.
Desde el entorno de Roncaglia sugieren que esta «operación de prensa» es una represalia coordinada por sectores que fueron desarticulados durante su gestión federal y que hoy buscan desestabilizar la administración provincial.
¿Qué sigue?
Roncaglia ha hecho reserva de iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, lo que podría derivar en un litigio millonario contra las productoras de Buenos Aires si no hay una rectificación en los términos exigidos. Con información de Análisis
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