Concordia insiste ante el STJ y prolonga un conflicto que ya tiene fallo judicial
La Municipalidad de Concordia presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia contra la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay que ordenó reincorporar a un exfuncionario p
Concordia insiste ante el STJ y prolonga un conflicto que ya tiene fallo judicial
La Municipalidad de Concordia presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia contra la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay que ordenó reincorporar a un exfuncionario pasado a planta permanente en la gestión anterior
Desde el área legal del municipio se sostuvo que la sentencia aún no se encuentra firme y que el recurso interpuesto debería tener efecto suspensivo, lo que evitaría, por el momento, la reincorporación ordenada por la Cámara.
La postura oficial apunta a cuestionar el procedimiento por el cual cuatro funcionarios fueron incorporados a planta permanente tras las PASO de 2023, mientras aún ejercían cargos políticos. Según la actual administración, ese pase habría contrariado la ordenanza municipal que impide contratar o efectivizar a funcionarios hasta un año después de finalizado su mandato.
El argumento central es que la decisión de la Cámara analizó únicamente la vía jurídica elegida por el municipio para anular el decreto, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión. La gestión entiende que el acto fue manifiestamente irregular y que, por esa razón, podía dejarlo sin efecto sin necesidad de un proceso judicial previo de lesividad.
Sin embargo, el fallo ya existe y ordena la reincorporación. En ese marco, la insistencia en prolongar el litigio abre un debate político e institucional. Cuando hay cosa juzgada en una instancia y un criterio judicial claro sobre el camino a seguir, la tozudez administrativa puede interpretarse más como una pulseada de poder que como una defensa técnica.
Las gestiones cambian, pero el Estado es uno solo. Las decisiones de una administración comprometen a las siguientes, aun cuando no se compartan. La doctrina de los actos propios y la necesidad de seguridad jurídica existen precisamente para evitar que cada gobierno revise a su antojo lo actuado por el anterior.
El caso expone una tensión entre el criterio político y el respeto institucional. Más allá de las diferencias sobre la legalidad del pase a planta, la sensación es que el conflicto podría resolverse con una mirada más pragmática y menos confrontativa. Tal vez sea tiempo de dejar atrás los resquemores políticos y concentrar energías en la gestión presente, en lugar de sostener una disputa que prolonga la incertidumbre y tensiona innecesariamente al municipio.
