La Justicia ordenó el desalojo de FATE, sin embargo no se ejecutará por razones de seguridad - Confirmado
La histórica fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, lo que derivó en un conflicto gremial de gran impacto. En este contexto, la Justicia
La histórica fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, lo que derivó en un conflicto gremial de gran impacto.
En este contexto, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen dentro del establecimiento, aunque finalmente la medida no se efectuará por el momento por cuestiones de seguridad y para resguardar a los implicados, según supo Confirmado.
La decisión empresaria se conoció de forma inesperada, los empleados se enteraron al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades. Desde ese momento, trabajadores y al menos un delegado permanecen en el interior del predio, mientras continúan las gestiones en un clima de fuerte tensión.
Alrededor de las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto.
La resolución judicial había dispuesto la inmediata restitución del inmueble a favor de sus titulares, aclarando que ello no implica restricción alguna al derecho a manifestarse fuera del predio.
El fiscal Marcelo Fuenzalida argumentó la decisión ante la necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras constatar un ingreso con violencia en horas de la mañana, con daños en el alambrado perimetral y accesos, además de la ocupación de distintos sectores del establecimiento.
La empresa había comunicado días antes la decisión de finalizar por completo sus operaciones en la planta y notificó a los empleados junto con el compromiso de pago de las indemnizaciones legales. Ante la conflictividad, reforzó la seguridad privada para prevenir daños.
Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense permanecen en las inmediaciones, aunque sin avanzar en el desalojo, en un escenario de alta sensibilidad social y laboral que mantiene en vilo a poco más de un millar de familias.
