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Análisis · exacta Nota original en exacta.ar
Redacción Exacta 19/10/2026 9 min de lectura

Un juez debe definir si Urribarri va a juicio por enriquecimiento ilícito

El juez Mariano Budasoff retomó el lunes 19 en Paraná una audiencia que en marzo tuvo cinco jornadas y quedó frenada por una apelación de las defensas. Ese día la Fiscalía expuso su prueba y anticipó que pedirá cinco años y diez meses de prisión para el exgobernador; el martes 20 hablaron las defensas, el miércoles 21 respondieron los fiscales y el juez pasó a un cuarto intermedio para resolver.

Vista de la Plaza Mansilla de Paraná; a la izquierda, el edificio del Poder Judicial de Entre Ríos.
Vista de la Plaza Mansilla de Paraná; a la izquierda, el edificio del Poder Judicial de Entre Ríos. Foto: Elsapucai / Wikimedia Commons (Public domain)

En síntesis

  • La audiencia tuvo cinco jornadas en marzo y desde entonces estuvo frenada por una apelación de las defensas sobre la prueba.
  • La Fiscalía habla de 11,5 millones de pesos, 7,2 millones de dólares y 16.300 euros sin justificar; los «7 millones» que se repiten son sólo la parte en dólares.
  • Si hay juicio, según la revista Análisis, se unirá con la causa de coimas, que ya fue elevada a juicio oral.

El juez de Garantías Mariano Budasoff retomó el lunes 19, en Paraná, la audiencia que decide si el exgobernador Sergio Urribarri va a juicio oral por enriquecimiento ilícito. No se cerró en una jornada: la agenda oficial del Poder Judicial de Entre Ríos fija continuaciones el martes 20, el miércoles 21 y el jueves 22.

En la jornada del lunes 19 hablaron los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que expusieron la prueba con la que piden el juicio oral, según las crónicas de APF Digital y Entre Ríos Ahora. Al abrir, Budasoff recordó que ya se habían agotado las cuestiones preliminares y resuelto los recursos de las defensas. Urribarri no se conectó por Zoom, algo que no era obligatorio en esta etapa, según Plaza Web; lo representó su abogado, Miguel Ángel Cullen. Los fiscales detallaron, entre otros gastos, un departamento en Puerto Madero que Cardona Herreros habría comprado «en comisión» por 1.227.000 dólares, un Rolex valuado en 21 millones de pesos a precios actualizados y viajes a Europa, Nueva York y Brasil que, en la mayoría de los casos, se gestionaban desde la empresa del empresario. Badano sostuvo, según Entre Ríos Ahora, que la prueba digital y documental indica que «el enriquecimiento no fue solamente el monto que se fija en la pericia, sino también un monto mayor». Al cierre del lunes 19, Budasoff todavía no había resuelto si la causa va a juicio.

El martes 20 hablaron las defensas. Según APF Digital, los abogados Miguel Ángel Cullen, por Urribarri, y José Raúl Velázquez, por Cardona Herreros, reclamaron una pericia contable oficial. Cullen sostuvo que de la pericia no surgen los montos de la acusación: «¿Sabe cuánto es el monto en dólares de acuerdo al informe pericial? 103 mil 217 dólares con 93 centavos». El miércoles 21 respondieron los fiscales Ramírez Montrull y Badano. Según APF Digital, pidieron rechazar los planteos por extemporáneos y afirmaron que no existe ni «una coma o centavo» de diferencia en los montos atribuidos; Ramírez Montrull dijo, según Radio Mega Entre Ríos, que la defensa de Urribarri «tomó sólo unos anexos». Ese día, según APF Digital, Budasoff dictó un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución en una audiencia que la Oficina de Gestión de Audiencias notificará a las partes con dos días de anticipación.

Urribarri, dos veces gobernador de Entre Ríos, llega preso a esta audiencia. Desde septiembre está en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Allí cumple la condena firme a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua que recibió en abril de 2022 en el llamado megajuicio, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, sostienen que entre 2008 y 2015 Urribarri aumentó su patrimonio muy por encima de sus ingresos. Según ellos, no pudo justificar ese crecimiento. Al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA y contratista del Estado provincial en esos años, le atribuyen haber actuado como persona interpuesta para ocultar bienes del exgobernador. En el escrito de remisión a juicio solicitaron cinco años y seis meses de prisión efectiva para Urribarri y cinco años para Cardona Herreros, como partícipe. En la audiencia del lunes 19, según APF Digital, anticiparon que en el juicio pedirán para el exgobernador cinco años y diez meses de prisión, una multa del 100% del monto del presunto enriquecimiento y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos; para Cardona Herreros, cinco años.

Lo que está en discusión es ese escrito de remisión a juicio. Según la revista Análisis de Paraná, lo que se debate en esta etapa es si la causa está en condiciones de llegar a juicio, y no la culpabilidad de los acusados. Si hay juicio y termina en condena, el artículo 268 (2) del Código Penal castiga el enriquecimiento ilícito de un funcionario con prisión de dos a seis años, multa e inhabilitación absoluta perpetua.

La audiencia sólo tuvo cinco jornadas

La audiencia empezó el martes 10 de marzo. Antes de arrancar, el Poder Judicial había fijado un cronograma de 22 días entre marzo y abril, pero en los hechos hubo cinco jornadas. El 10, el 11 y el 12 de marzo las defensas expusieron sus planteos y los fiscales los respondieron. La Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná dejó sin efecto las jornadas del 17, 18 y 19 y pasó la continuidad al 25. Ese día y el siguiente, Budasoff leyó su resolución.

El primer día, Miguel Ángel Cullen, abogado defensor de Urribarri, pidió cerrar la causa por la demora en investigar. «Una causa que va a cumplir en diciembre 11 años viola el plazo razonable», dijo. El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, que lleva la audiencia con Badano, respondió que el caso es complejo: «Tenemos un millón de correos electrónicos y 3 millones de elementos informáticos que se tuvieron que evaluar».

El 25 y el 26 de marzo, Budasoff rechazó uno tras otro los planteos: la prescripción, la violación del plazo razonable, el doble juzgamiento y los pedidos para excluir pruebas. «No se verifica afectación de las garantías procesales», dijo al final de la primera de esas dos jornadas, según la crónica de Análisis.

Las defensas apelaron. El viernes 27 de marzo, Budasoff concedió «con efecto suspensivo» la apelación contra el rechazo de los pedidos para excluir pruebas. Esos pedidos apuntan a informes del Gabinete de Informática Forense de la Fiscalía, a registros de llamadas y a lo secuestrado en 2018 en un allanamiento en Los Polvorines, en Buenos Aires. El juez escribió que la validez de esa prueba debía definirse «con carácter previo al tratamiento de la apertura a juicio».

Ese efecto paralizó la audiencia mientras el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná revisaba el recurso, y siguió frenada después de esa revisión. El vocal de ese tribunal Gervasio Labriola, a cargo de revisar la apelación, confirmó el 20 de abril la decisión de Budasoff. Las defensas anunciaron entonces que llevarían sus planteos a la Cámara de Casación Penal, una instancia superior. El 28 de agosto, Budasoff fijó la nueva fecha de la audiencia para el lunes 19 de octubre.

La previa que APF Digital publicó el domingo 18 con información del diario Uno, replicada por otros medios, da por hechas las 22 jornadas del cronograma inicial. Las crónicas de cada jornada y la disposición de la Oficina de Gestión de Audiencias registran cinco.

Los 7 millones son sólo la parte en dólares

El escrito de los fiscales, transcripto por Análisis el 28 de agosto, cubre del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2015. Sostiene que en ese período Urribarri incrementó su patrimonio «por un monto de $11.546.771,92; 7.245.441,02 de dólares y 16.300 euros». Los fiscales tomaron esas cifras de la pericia contable de la perito oficial Romina Stepanic Pouey y del perito de parte Cristián Dumé. La resolución que Budasoff leyó el 25 de marzo, citada textualmente por APF Digital, toma los mismos tres montos en las tres monedas.

Los «7 millones de dólares» que repiten las previas de estos días son sólo la parte en dólares de esa cuenta. Circulan además totales en dólares sin una conversión explicada. Análisis escribió el domingo 18 que la pericia llevó el crecimiento a «una suma cercana a los 9 millones de dólares»; en marzo, el sitio 9Digital había hablado de «un patrimonio de 11.000.000 dólares». Ninguna de las dos cifras figura en la acusación ni en la resolución del juez, que no dan un total convertido a dólares.

El vínculo con la causa de coimas

Según la acusación, el vínculo entre los dos imputados pasa por el Estado. Relevamientos Catastrales habría sido favorecida en contrataciones de sistemas informáticos, con acuerdos previos, información anticipada y sobreprecios con los que se habrían pagado sobornos a funcionarios. Esos pagos se investigan en otra causa, la de coimas, en la que también están imputados Urribarri y Cardona Herreros. Al rechazar el planteo de doble juzgamiento de la defensa del empresario, Budasoff consideró que los dos expedientes tratan hechos «potencialmente complementarios, pero jurídicamente autónomos».

La causa por enriquecimiento nació de una denuncia que los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron en diciembre de 2015, después de una investigación de Análisis sobre los bienes de la familia del exgobernador. En noviembre de 2017, otro trabajo de la revista, «El amigo paraguayo», firmado por su director, Daniel Enz, expuso la relación de Urribarri con Cardona Herreros. Tras esa publicación se abrió de oficio la causa de coimas.

La causa de coimas está más avanzada: ya fue elevada a juicio oral. El jueves 8 de octubre, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos denegó por mayoría los recursos con los que las defensas buscaban llegar a la Corte Suprema. En esa causa, la Fiscalía pidió en 2023 diez años de prisión para el exgobernador. Según Análisis, las dos causas se unirán en una para el juicio, con una pena también unificada.

Para eso, Budasoff tiene que decidir primero si la acusación por enriquecimiento llega a juicio oral. Esa decisión, regulada por el artículo 405 del Código Procesal Penal, no se puede apelar, según escribió el propio juez en su resolución del 27 de marzo. Las partes terminaron de exponer el miércoles 21. Según Radio Mega Entre Ríos, Budasoff adelantó que informará oportunamente cuándo dará a conocer su decisión.

Cómo se hizo esta nota

Se leyeron la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná del 19 al 22 de octubre, el comunicado del Poder Judicial de Entre Ríos del 8 de octubre sobre la causa de coimas, el veredicto del megajuicio de 2022 y el artículo 268 (2) del Código Penal en su texto vigente. El escrito de los fiscales y las resoluciones de Budasoff y Labriola se citan según las transcripciones textuales publicadas por Análisis y APF Digital. Las jornadas de la audiencia se reconstruyeron con las crónicas de Uno, Análisis, APF Digital y Entre Ríos Ahora publicadas entre marzo y abril, comparadas con las previas del 18 y 19 de octubre del relevamiento de Exacta.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.

Esta nota se publicó originalmente en exacta.ar.

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