El Gobierno rechaza votar por separado las sanciones por Malvinas, como pide la oposición
El proyecto de Soberanía Nacional nombra a Malvinas sólo en el primero de sus ocho títulos, y la oposición quiere votar aparte esas sanciones. El 14 de octubre, sin apoyos para el dictamen, el oficialismo anunció cambios al texto, pero sigue sin aceptar dividirlo. Convocó un nuevo plenario para el martes 20 de octubre, pero lo postergó para el martes 27 de octubre y el proyecto quedó fuera de la sesión del miércoles 21 de octubre. El jueves 22 de octubre, Infobae informó que el oficialismo se prepara para llevarlo a la Cámara con fecha tentativa el miércoles 28 de octubre.
En síntesis
- La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia dijo en Diputados que el título sobre Malvinas no se puede votar separado del resto del proyecto.
- En el texto, Malvinas aparece sólo en el primer título, los artículos 1 a 40; los otros 93 crean un Consejo de Seguridad Nacional y cambian leyes de defensa, inteligencia, partidos y el Código Penal.
- El 14 de octubre, el oficialismo no consiguió el dictamen y anunció cambios al texto. Después convocó un plenario para el martes 20 de octubre, pero lo postergó para la semana siguiente y el proyecto quedó fuera de la sesión del miércoles 21. El jueves 22 de octubre, Infobae informó que el oficialismo se prepara para llevarlo a la Cámara con fecha tentativa el miércoles 28 de octubre, aunque otras fuentes aseguran que todavía no hay un día definido.
El Gobierno rechazó dividir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como pide la oposición en Diputados. Así, el título sobre Malvinas sigue en el mismo expediente que un nuevo Consejo de Seguridad Nacional y cambios en leyes de defensa, inteligencia y el Código Penal. Es el único título que el principal bloque opositor está dispuesto a votar.
María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, llevó esa posición al Congreso. El Poder Ejecutivo la envió el miércoles 7 al plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que estudian el proyecto. «Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto», dijo, en la versión que publicó Clarín. Ante los diputados que pedían cambios, agregó que «El Título I es vital para nosotros», según TN y Parlamentario.
El proyecto, que el Ejecutivo envió a la Cámara el 17 de septiembre, tiene 133 artículos ordenados en ocho títulos. El primero, del artículo 1 al 40, reemplaza la Ley 26.659 por un régimen de multas, inhabilitaciones y penas para quienes exploten sin permiso argentino los recursos de Malvinas y de la Plataforma Continental.
Los otros siete títulos suman 93 artículos. Crean un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, y elevan a ley el registro de personas vinculadas al terrorismo. También modifican la Ley de Defensa, la de financiamiento de los partidos, el Código Penal y la Ley de Inteligencia.
En el articulado, la palabra Malvinas aparece sólo en artículos del primer título; del artículo 41 al 133 no figura ni una vez.
Unión por la Patria, el bloque que conduce Germán Martínez, está dispuesto a votar los primeros 40 artículos y pide tratar el resto en otro momento. «Este proyecto merecería dividirse en por lo menos ocho proyectos de ley distintos», dijo Martínez el 6 de octubre, según La Voz. Al día siguiente, el diputado Eduardo Valdés, del mismo bloque, marcó el límite. «Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía», dijo.
El reparo llega también desde la oposición que dialoga con el Gobierno. El bloque Provincias Unidas prepara un dictamen propio porque no avala los siete títulos que siguen al primero, según informaron Parlamentario y La Nación. Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica, dijo en el plenario que el texto es «un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado».
El Gobierno sostiene que las sanciones solas no alcanzan
Ibarzabal Murphy defendió que el proyecto se vote completo con un argumento de fondo. «Nosotros creemos que todo tiene que ver con Malvinas», dijo, en la versión de Tiempo Argentino. Para la funcionaria, separar la cuestión Malvinas de la defensa integral de la soberanía y de la integridad territorial es un error conceptual, una idea que también recogió Ámbito.
En la crónica de Clarín, explicó que defender las islas exige regímenes de sanciones fuertes y, además, que el Estado tenga competencias y facultades propias, «para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra». Según Tiempo Argentino, sostuvo que, más allá de las sanciones a las petroleras y pesqueras que operan en las islas, «el Estado no tiene las herramientas necesarias para poder defender, incluso, el tema Malvinas».
El Consejo, además, formó parte del anuncio desde el comienzo. Cuando el presidente Javier Milei anunció la ley en cadena nacional, el 3 de septiembre, dijo que «Esta ley tendrá tres objetivos». Eran endurecer las sanciones contra las empresas que operan sin permiso en Malvinas, crear el Consejo de Seguridad Nacional y darle facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas.
La funcionaria también rechazó que el Consejo concentre el poder o quite facultades al Congreso. «Se mantiene la especialidad y autonomía funcional de los organismos ya existentes», dijo, según Clarín.
Lo que está en los otros siete títulos
Las objeciones de la oposición se concentran en lo que hay después del artículo 40. El gráfico muestra cuántos artículos tiene cada título: el primero es el más extenso, pero los otros siete juntos suman más del doble.

El artículo 49 fija quiénes integran de forma permanente el Consejo. Son el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria Legal y Técnica, cargo que ocupa la propia Ibarzabal Murphy. Todos pertenecen al Poder Ejecutivo. Luciano Anzelini, doctor en Ciencias Sociales invitado al plenario del 6 de octubre, cuestionó que «no esté el ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad».
El artículo 62 permite usar la fuerza contra una aeronave como último recurso, con una orden expresa del Presidente, que puede delegarla en el ministro de Defensa. Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), un bloque aliado del oficialismo, lo objetó a fines de septiembre. «El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil», dijo.
El artículo 111 es uno de los que más críticas despertó, en la oposición y entre las organizaciones de periodistas. Agrega al Código Penal el artículo 225 bis, que castiga con 5 a 12 años de prisión a quien actúe por cuenta o con financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero. La pena alcanza a quien, de ese modo, procure alterar elecciones o manipular la opinión pública con campañas coordinadas de desinformación masiva.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, advirtió que la redacción es imprecisa. Su pedido fue más acotado que dividir el proyecto: «FOPEA insta al Congreso de la Nación a separar el tratamiento de este artículo del proyecto de soberanía».
En el plenario, Ibarzabal Murphy defendió ese artículo. «No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa», dijo, y se mostró dispuesta a modificarlo: «Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas». Incluso en La Libertad Avanza, el partido de Milei, algunos le dijeron a La Nación que no acompañarán el proyecto si ese artículo queda como está escrito. La agencia Noticias Argentinas informó que aliados y dialoguistas piden borrarlo.
El proyecto alcanza también a los partidos y a los servicios de inteligencia. Los artículos 105 y 106 prohíben que extranjeros sin residencia permanente y empresas extranjeras financien partidos o campañas. El 128 aprueba por ley el estatuto del personal de la Secretaría de Inteligencia, que el Poder Ejecutivo había dictado por el Decreto 1021 dos días antes de enviar el proyecto.
Los invitados al plenario del 6 de octubre se dividieron. Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos, cuestionó el diseño institucional. A su juicio, la propuesta implica «una tácita derogación del régimen normativo actual que organiza y diferencia el sistema de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia».
Los excombatientes también se dividieron. Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, pidió rechazarlo porque, a su juicio, usa la cuestión Malvinas para incluir dispositivos de control social. Víctor Sierra, del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur, lo apoyó: «Apoyamos este proyecto porque tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional».
Una bicameral que no está en el texto enviado
En el mismo plenario en que rechazó dividir el proyecto, la funcionaria puso sobre la mesa una comisión de control. «Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional», dijo Ibarzabal Murphy, según TN. En la versión de Clarín, esa comisión podría pedir información y el Ejecutivo tendría la obligación de mantener con ella una «interlocución fluida».
El proyecto que el Ejecutivo envió el 17 de septiembre no prevé ninguna comisión bicameral ni otro control del Congreso sobre el Consejo. Para existir, tendría que agregarse en el dictamen que firmen las comisiones.
La oposición recibió el anuncio con escepticismo. Ferraro pidió que el Congreso integre el Consejo y participe en «el seguimiento, el control, y la autorización de la política de defensa y de seguridad nacional», según Ámbito. Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria y exministro de Defensa, dijo en el plenario, según Infobae, que «no queda claro en qué rol queda la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia».
Un calendario sin los votos asegurados
Al 8 de octubre, el oficialismo apuntaba a un nuevo plenario el martes 13 y a firmar el dictamen esa misma semana, según Parlamentario y Perfil, para votar el proyecto en una sesión especial el miércoles 21 de octubre. En el propio oficialismo, de acuerdo con La Nación, aceptaban que el Ejecutivo todavía no contaba con los números para llevarlo al recinto esa semana.
El plenario se hizo el miércoles 14 de octubre, el cuarto desde que empezó el debate, y terminó sin dictamen. «Buscamos un dictamen sólido, consensuado y con las mayorías más amplias posibles», dijo la diputada libertaria Silvana Giudici, que anticipó cambios al texto. Según Clarín y Parlamentario, confirmó que el artículo 111 «se va a acotar» a la injerencia extranjera en elecciones. El proyecto no entró en el temario de la sesión que el oficialismo convocó para el 21 de octubre.
La división del proyecto sigue descartada, según Perfil y Clarín. De acuerdo con Ámbito, La Libertad Avanza sólo había admitido hasta ese día dos cambios: la comisión bicameral y quitar la referencia a la «manipulación de la opinión pública». Carlos Zapata, presidente de la comisión de Defensa, anunció otra reunión, sólo de diputados, para la semana siguiente.
Esa reunión se convocó para el martes 20 de octubre a las 16, según Parlamentario, pero el oficialismo la postergó para la semana siguiente «por falta de tiempo», según Clarín. La intención de La Libertad Avanza era firmar ahí el dictamen y dejar el proyecto listo para votarlo al día siguiente, en la sesión del miércoles 21, había informado la agencia Noticias Argentinas el 16 de octubre; con la postergación, se abortó la posibilidad de tratarlo en esa sesión, según Río Negro. Según Diario Chaco, el oficialismo quería que ese plenario fuera la última instancia de trabajo antes del recinto. Hasta el domingo 18, de acuerdo con Parlamentario, el Gobierno no había incluido el proyecto en el temario de esa sesión.
El jueves 22 de octubre, Infobae informó que, tras postergar el tratamiento por las diferencias internas y la falta de apoyos, el oficialismo se prepara para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados con fecha tentativa el miércoles 28 de octubre, aunque, según ese medio, otras fuentes aseguran que todavía no hay un día definido. De acuerdo con la misma crónica, el Gobierno se comprometió con los aliados a delimitar la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas y a crear una comisión bicameral para supervisar las facultades excepcionales del Consejo. También revisó el artículo 111 e introdujo precisiones en el régimen sancionatorio. Según una fuente que se lo confirmó a Infobae, aceptó además la posibilidad de precisar las facultades del Consejo para controlar las inversiones de Estados y empresas extranjeras y de reformular el delito de injerencia extranjera.
El PRO anunció su apoyo horas después de que el proyecto llegara a la Cámara. «Por eso acompaño la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional», escribió el 17 de septiembre Cristian Ritondo, jefe de ese bloque en Diputados. Los aliados radicales y provinciales, en cambio, todavía no se habían pronunciado el día en que habló la funcionaria, según Ámbito.
El primer título, el que el Gobierno no acepta separar, recibió también reparos desde Washington. Según publicó Clarín el sábado 17 de octubre, la Casa Blanca transmitió al Gobierno su inquietud porque las penalidades del proyecto alcanzan no sólo a las firmas que operan en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. En el texto, el artículo 3 prohíbe, entre otras cosas, «ser socio, accionista o participante directo» de quien explote sin permiso esos recursos. «Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones», le dijeron a ese diario en despachos oficiales de Washington, sin nombre. De acuerdo con Clarín, la Casa Blanca preferiría que el proyecto se congele y, si no, que se limite el alcance de las sanciones para que las empresas estadounidenses queden exentas.
El asesor presidencial Santiago Caputo, a quien El Destape y Río Negro señalan como mentor del proyecto, salió a negar esa versión. En un mensaje en la red X, según El Destape, escribió: «Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad».
Hasta que haya dictamen, la bicameral y el recorte del artículo 111 son cambios anunciados, no escritos. Lo que está escrito sigue siendo el texto del 17 de septiembre. Las sanciones por Malvinas están en el primer título; el Consejo de Seguridad Nacional, el uso de la fuerza y el delito de desinformación, en los siete restantes.
Cómo se hizo esta nota
Exacta leyó el texto completo del proyecto de ley (expediente 0010-PE-2026 de la Cámara de Diputados) y contó en cuántos artículos y en qué títulos aparece la palabra Malvinas; también buscó en el texto la comisión bicameral. Se leyeron la cadena nacional del 3 de septiembre publicada por Casa Rosada, las citaciones y notas de prensa de la Cámara sobre los plenarios y el comunicado de FOPEA. La Cámara no publicó la versión taquigráfica del plenario del 7 de octubre: las palabras de Ibarzabal Murphy se toman de Clarín, TN, Tiempo Argentino, Ámbito, Infobae y Parlamentario, y donde sus versiones difieren se indica qué medio la publicó. Las demás declaraciones salen del relevamiento de Exacta de las notas publicadas sobre el proyecto entre el 1 de septiembre y el 8 de octubre; para las actualizaciones posteriores se sumaron las crónicas del plenario del 14 de octubre, la nota de Clarín del 17 de octubre sobre el reclamo de Washington y la de El Destape del 19 de octubre con el mensaje de Santiago Caputo.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.
Esta nota se publicó originalmente en exacta.ar.