La imputabilidad a los 14 llegó sin estadísticas de esa edad y sin fondos para las provincias que deben alojar a los adolescentes
Desde el 5 de septiembre, un adolescente de 14 años puede ser condenado en la Argentina. En tres semanas, dos juezas la frenaron y dos cámaras revocaron esos fallos. La pelea judicial ocupó los títulos; los números, casi nunca. Los datos que existen son sobre todo de 16 y 17 años; de 14 y 15 no hay estadística, y las provincias no recibieron fondos.
En síntesis
- La pelea por la ley se dio en los tribunales, y las cámaras ya revocaron los dos fallos.
- Para 2026, la ley asigna unos 23.700 millones de pesos; no hay partida para las provincias, que son las que tienen que alojar a los adolescentes.
- Los pedidos de juicio político contra las dos juezas no tenían resolución al 26 de septiembre.
Desde el 5 de septiembre, en la Argentina un adolescente de 14 o 15 años puede ser juzgado y condenado por un delito, como establece la Ley 27.801, sancionada en febrero. La ley llegó sin fondos para las provincias, que deben alojar a esos adolescentes, y casi sin estadísticas de esa edad.
En tres semanas, dos juezas la frenaron, dos cámaras de apelaciones revocaron esos fallos y hubo denuncias y pedidos de juicio político contra las dos magistradas.
Para 2026, el año de su entrada en vigencia, la ley asigna unos 23.700 millones de pesos. Unos 20.600 millones son para la Defensoría General de la Nación y unos 3.100 millones, para el Ministerio de Justicia.
No hay partida para las provincias, que son las que tienen que alojar a los adolescentes. La ley prevé convenios entre la Nación y las provincias, sin montos.
En la provincia de Buenos Aires, según su propio Gobierno, ya falta lugar. Chequeado citó datos de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense: en septiembre había 679 jóvenes alojados para 648 plazas. Es la situación que alegó la jueza que suspendió la ley en esa provincia.
Penas de hasta 15 años y alternativas a la prisión
La ley alcanza a los adolescentes de 14 a 18 años. Hasta el 5 de septiembre, los menores de 16 no eran punibles, una edad que regía desde 1983.
La pena máxima es de 15 años, sin prisión ni reclusión perpetuas. Las condenas se cumplen en institutos especializados que organiza cada provincia, sin contacto con adultos.
Para los delitos con pena prevista de hasta 3 años, la prisión se debe reemplazar por otras medidas si se cumplen las condiciones de la condena condicional. Pueden ser servicios comunitarios, monitoreo electrónico o reparación del daño.
Entre 3 y 10 años, el reemplazo es posible sólo si no hubo muerte ni violencia grave y el adolescente no tiene antecedentes. Además hacen falta un dictamen pericial y el acuerdo del fiscal, y se tiene que haber escuchado a la víctima.
La Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, de 2019, dice que la edad mínima más común en el mundo es 14. Alienta a los países a fijarla en 14 como mínimo, y la Argentina ahora cumple ese piso.
Pero el mismo documento encomia a los países que tienen 15 o 16 e insta a no reducirla en ninguna circunstancia, y la Argentina la redujo. También pide que la privación de libertad sea el último recurso, algo que la ley recoge en parte con sus penas alternativas.
Los datos sobre el delito de los menores
Casi ninguna estadística separa a los adolescentes de 14 y 15 años, que son los que la ley incorpora. Las que existen son de menores de 18, sobre todo de 16 y 17, que ya eran punibles.
En la provincia de Buenos Aires, el fuero penal juvenil tuvo en 2025 el 2,2% de las causas penales. En los homicidios dolosos de 2024, en la misma provincia, los menores de 18 eran el 7,7% de los imputados. En el 64,3% de esas causas participaban también adultos.
El dato que más se acerca a los 14 y 15 años es nacional. El Ministerio de Seguridad registró en 2024 que los inculpados de 10 a 15 años eran el 0,6% de los inculpados por homicidio doloso, y el 0,8% si se cuentan sólo los de edad conocida.
En el primer semestre de 2023, los jóvenes de hasta 17 años en el sistema penal juvenil eran menos del 0,1% de los de 14 a 17 del país. Los menores de 16, que entonces no eran punibles, eran 44.
A mediados de 2023, en Entre Ríos había 127 personas en el sistema penal juvenil, incluidos mayores de 18: 126 cumplían medidas en libertad y una estaba detenida.
El Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, habló en declaraciones que publicó APF. Sostuvo que «si el objetivo de esto es lograr mayor seguridad ciudadana, eso no se va a lograr con la baja de la edad de punibilidad». Consultado en Radio Victoria sobre si la provincia tiene instalaciones para alojar a los adolescentes, respondió, según LT39: «No, no tenemos la infraestructura».
Uno de los pocos estudios que evaluaron con datos de toda la población si bajar la edad reduce el delito es de Dinamarca, fuera del país y sobre una reforma temporal. Ese país bajó la edad de 15 a 14 durante 20 meses, entre 2010 y 2012, y después volvió a 15.
Con registros de 162.959 personas, los autores no hallaron evidencia de que la baja redujera el delito entre los de 14 años. Los delitos denunciados aumentaron durante la reforma, sobre todo entre los adolescentes de 14 con antecedentes.
Los números casi no llegaron a los títulos. El relevamiento de Exacta registró 1.081 notas con el tema en el título, en 172 medios, y sólo 9, el 0,8%, traían en el título una cifra sobre el fenómeno, como cuántos adolescentes hay en el sistema, cuántos delitos, detenidos o plazas.
Todas eran provinciales y ninguna traía una estadística nacional. Los picos de la cobertura coinciden con la entrada en vigencia y con los fallos, y ninguno con un informe o una estadística.
Una ley con apoyo social, frenada por dos juezas
La ley, que extiende la respuesta penal a los adolescentes de 14 y 15 años, tiene respaldo social. En febrero, una encuesta de Opinaia publicada por La Nación midió un 80% a favor de bajar la edad y un 15% en contra.
El Litoral, La Gaceta y Río Negro publicaron que Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, la celebró con un «se terminó la impunidad».
El 7 de septiembre, la jueza Marta Pascual, de Lomas de Zamora, la suspendió por 60 días en toda la provincia de Buenos Aires con una medida cautelar. Lo hizo en un hábeas corpus colectivo que presentó la asociación No Seas Pavote, de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Pascual no la declaró inconstitucional. Su argumento fue que los centros para adolescentes no tenían lugar, personal ni condiciones para recibir a más jóvenes.
El 21 de septiembre, la jueza porteña Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley para un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo, y lo sobreseyó. Sostuvo que bajar la edad era regresivo y desproporcionado frente a derechos ya reconocidos. Después defendió su fallo con una frase: «No es un mensaje de impunidad».
Dos fallos revocados y pedidos de juicio político antes de la revisión
El 15 de septiembre, la Cámara de Lomas de Zamora revocó la suspensión a pedido del fiscal. Recordó que, desde el fallo Thomas de la Corte Suprema, de 2010, ningún juez puede suspender una ley con efectos generales, ni siquiera como medida cautelar.
Pero no desconoció el problema de los institutos. Indicó que el juez de cada caso deberá «ordenar medidas urgentes dentro del marco legal vigente y requerir a la administración los recursos necesarios».
El 25 de septiembre, la Cámara porteña revocó por unanimidad el sobreseimiento y apartó a De Marinis del caso. TN publicó que el juez Ignacio Mahiques, que lideró el acuerdo, escribió en su voto que el control judicial «no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal».
Los primeros pedidos contra las juezas llegaron antes de esas revisiones. Contra Pascual, TN informó que Usina de Justicia la denunció penalmente el 8 de septiembre.
La Prensa informó que el 11 el diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), el senador Guillermo Montenegro (PRO) y el abogado Alfredo Drocchi presentaron tres pedidos de juicio político en el Senado bonaerense.
Contra De Marinis, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció el pedido de juicio político el mismo 21 de septiembre, un día antes de que la fiscalía apelara, informó MDZ. La Nación publicó que Macri dijo que la sentencia estaba «manchada de sangre». El 23, según el mismo diario, su gobierno la denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
Más de 90 jueces porteños respaldaron a De Marinis, no necesariamente a su fallo, contó Rosario3. Sostuvieron que «la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial».
Bullrich se declaró «totalmente en contra» de las dos juezas que pararon el régimen, pero se opuso al jury, recogió Clarín: «Yo no les hago un juicio político por eso». Los pedidos de juicio político no tenían resolución al 26 de septiembre.
Revocados los fallos, faltan los datos
La pelea por la ley se dio en los tribunales, y las cámaras ya revocaron los dos fallos. Una, porque un juez no puede suspender una ley para todos. La otra, porque no puede reemplazar la opción del Congreso por otra que le parezca preferible.
Lo que sigue sin respuesta son los datos: no hay estadística oficial de los adolescentes de 14 y 15 años. Los datos de menores de 18 de la provincia de Buenos Aires los muestran como una minoría de las causas y de los imputados por homicidio. El estudio danés que evaluó una baja parecida no halló evidencia de que redujera el delito a esa edad.
La ley deja el alojamiento a provincias sin partida propia, y en la provincia de Buenos Aires ya había en septiembre 679 jóvenes para 648 plazas. Falta saber cuántos adolescentes de 14 y 15 entraron al sistema desde el 5 de septiembre y dónde se los va a alojar.
Cómo se hizo
Exacta relevó las notas con «penal juvenil», «imputabilidad» o «punibilidad» en el título entre el 1 y el 26 de septiembre, congeladas a las 18 del 26 de septiembre. Como muchas notas se replican, son 930 títulos distintos. Los títulos con cifras se revisaron a mano: de los 284 títulos distintos con algún número, en cifras o en letras, se descartaron las edades, los números de ley y los plazos, y se leyó el resto. La ley, la Observación General 24, las estadísticas oficiales y el estudio danés se leyeron en su fuente original. Los fundamentos y las citas de los fallos se tomaron de Infobae, La Nación, Clarín, TN y La Voz.
Fuentes
- Ley 27.801 · Decreto 875/2026 · régimen anterior · Resolución 484/2026, Boletín Oficial
- Fallos y revocaciones: provincia de Buenos Aires · Ciudad de Buenos Aires · apelación de la fiscalía porteña · voto de Mahiques (TN)
- Pedidos y respuestas: denuncia de Usina de Justicia · tres pedidos contra Pascual · pedido de La Libertad Avanza · anuncio de Jorge Macri · denuncia a De Marinis · respaldo de los jueces · Bullrich contra el jury · Bullrich sobre la complicidad con Kicillof (Clarín) · posteo de Bullrich del 15 de septiembre
- Observación General 24 de la ONU
- Datos: SNIC 2024 · Procuración bonaerense, homicidios 2024 · causas 2025 · SENAF-UNICEF 2023 · plazas bonaerenses
- Estudio de Dinamarca · Encuesta Opinaia (La Nación) · Defensor General de Entre Ríos · Benítez en Radio Victoria (LT39)
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.
Esta nota se publicó originalmente en exacta.ar.