La Justicia rechazó los argumentos del Gobierno y le dio otros cinco días para actualizar los sueldos y las becas universitarias
El juez federal Martín Cormick consideró que el Gobierno acreditó sólo un «cumplimiento parcial» de su orden. Para medir los aumentos tomó la inflación hasta junio de 2026, cuando la orden quedó firme; el Gobierno, hasta agosto de 2025. Tampoco habilitó, por ahora, una apelación. Resolvió el primer día de un paro docente universitario con adhesión en Entre Ríos.
En síntesis
- Para el juez Martín Cormick, el Gobierno cumplió sólo en parte con los sueldos y con las becas, y tiene otros cinco días antes de las multas.
- El Gobierno compara su aumento del 226,8% con la inflación hasta agosto de 2025; el juez, con el 312,19% acumulado hasta junio de 2026.
- El juez no habilitó la apelación porque todavía no hubo multas; gremios, estudiantes y rectores marchan el 15 de octubre.
El juez federal Martín Cormick rechazó este miércoles el pedido del Gobierno nacional de dejar sin efecto su intimación a cumplir la orden de actualizar los sueldos universitarios y las becas estudiantiles. Le dio otros cinco días para cumplirla, bajo amenaza de multas diarias.
Cormick es el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y el autor de esa orden, una medida cautelar que dictó en diciembre de 2025. La pidieron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, y la Universidad de Buenos Aires. Las dos iniciaron la causa contra el Estado para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
Una cautelar rige mientras se discute el fondo del juicio. Esta obliga a aplicar dos artículos de la ley: el 5, que manda actualizar los salarios de docentes y no docentes, y el 6, que manda recomponer las becas.
Para el juez, lo que el Gobierno presentó acredita sólo un «cumplimiento parcial». Dio por documentadas las convocatorias a paritarias y las órdenes de pago, pero no que los aumentos se hayan calculado como manda la ley. Tomó como referencia la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026, que según el índice de precios del INDEC fue del 312,19%. Y escribió que «no se advierte de las propias respuestas de la parte demandada (...) que se haya alcanzado dicho incremento».
Con las becas el razonamiento fue parecido. La ley nombra los programas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros. El Ministerio de Capital Humano sólo presentó la actualización de la Beca Manuel Belgrano, que este año llevó a $187.495 por mes.
El Gobierno sostuvo en el expediente que «la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano». El juez respondió que el Estado «admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas», y que eso tampoco alcanza para cumplir la cautelar.
Cormick, además, no concedió la apelación con la que el Gobierno quería llevar el caso a la Cámara. Como las multas todavía no se aplicaron, consideró que por ahora no hay un perjuicio concreto que la justifique. Aclaró también que nada de esto adelanta lo que resolverá sobre el fondo de la demanda.
Dos cuentas desde diciembre de 2023
El Gobierno había llegado al juzgado con otra cuenta. En su escrito sostuvo que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 sumaron un 226,8%, por encima del 226,46% de inflación que considera aplicable, la de diciembre de 2023 a agosto de 2025. También invocó la recomposición salarial de junio y la oferta de un 3% adicional que hizo en septiembre, y cuestionó que la intimación anterior no precisara qué parte de la orden faltaba cumplir.
Las dos cifras de inflación arrancan en el mismo mes, pero terminan en fechas distintas. La del Gobierno llega a agosto de 2025; la del juez, a junio de 2026, el mes en que la cautelar quedó firme. La cuenta del juez suma diez meses más de precios. Por eso el aumento del 226,8% queda apenas por encima de la inflación que mide el Gobierno y por debajo del 312,19% que mide el juez.
Una orden firme desde junio
La ley en juego es la 27.795, que el Congreso sancionó en 2025 y sostuvo con dos tercios de los votos después del veto del presidente Javier Milei. El Gobierno la promulgó con el decreto 759/2025, pero dejó suspendida su aplicación con el argumento de que no tenía especificadas sus fuentes de financiamiento. La validez de ese decreto es lo que las universidades discuten en el fondo del juicio. La cautelar de Cormick quedó firme el 25 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno.
El 22 de septiembre, el juez intimó al Gobierno a cumplirla en cinco días, bajo amenaza de multas. El Gobierno le pidió que revisara esa intimación y, por si no lo hacía, apeló ante la Cámara y pidió que la intimación quedara en suspenso mientras se resolvía. «Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento», dijeron entonces en el Gobierno, según La Nueva.
El paro, también en Entre Ríos
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, una de las dos partes que iniciaron la demanda, calificó la resolución de «contundente y fundamentada» en declaraciones a Clarín.
La decisión se conoció el primer día de un paro docente de 72 horas en las universidades nacionales, que sigue hasta el viernes 2 de octubre. Lo convocaron la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Conadu Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país.
Las dos integran, con otras cinco organizaciones, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que intimó al Gobierno a pagar una recomposición del 33,4% antes del 30 de septiembre y anticipó denuncias penales si no pagaba.
En Entre Ríos adhieren la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que integra Conadu, y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), de Conadu Histórica. La AGDU agrupa a docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Su adhesión alcanza a las facultades de la UNER en Concordia y a la de Bromatología, en Gualeguaychú. En Paraná, Laura Naput, docente y secretaria gremial de Sitradu, dio un ejemplo del salario en discusión: un docente joven con dedicación parcial y 10 años de antigüedad cobra, dijo, alrededor de 500.000 pesos.
En el Gobierno la apuesta es negociar: busca un acuerdo sobre fondos y salarios en la discusión del Presupuesto 2027 que también cambie el escenario judicial. «Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa», dijeron en Nación, según La Nueva.
El nuevo plazo empieza a correr. Si vence sin que el Gobierno cumpla, el juez puede aplicar las multas diarias, que en el lenguaje judicial se llaman astreintes. Mientras esas multas no se apliquen, sostuvo Cormick, no hay un agravio concreto que habilite la apelación. La demanda de fondo contra el decreto 759/2025 sigue sin sentencia. Y el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a los estudiantes, y el CIN ya convocan a la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre.
Cómo se hizo esta nota
La resolución del 30 de septiembre se reconstruyó con los párrafos que citaron textualmente APF, TN y Clarín; el escrito del Gobierno, con lo que publicaron Diariochaco, La Nueva y TN. El recorrido de la causa sale de TN y Clarín. La información de los gremios sale de sus comunicados y de declaraciones recogidas por Elonce, Uno, El Día de Gualeguaychú, Despertar Entrerriano, Tiempo Argentino, Contexto Tucumán y 03442noticias. Se leyeron completas más de cuarenta notas de medios nacionales y entrerrianos. La comparación entre las dos cifras de inflación es una cuenta de Exacta sobre los períodos que informó cada parte.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.
Esta nota se publicó originalmente en exacta.ar.